RICARDO ISRAEL - Programa de Gobierno:
Ideas para un Estado Regional y un
Pacto por Chile
PROGRAMA
DE GOBIERNO: IDEAS PARA
UN ESTADO REGIONAL Y UN PACTO POR CHILE
Partido Regionalista de los
Independientes
Santiago de Chile
Miraflores 113, Oficina 33,
Santiago, Chile.
Tel. +56 2 26648772 |
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO:
EL MOMENTO DE LOS REGIONALISTAS Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ricardo Israel
Zipper, Ph.D.(*)
(*) Master y Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política de
la Universidad
de Essex (Inglaterra). Abogado, egresado de la Universidad de Chile y
admitido por la Corte
Suprema en 1981. Licenciado en Derecho de la Universidad de
Barcelona. Diplomado en Survey Design and Analysis del European Consortium for
Political Research (Encuestas Políticas). Diplomado en Planificación (Naciones
Unidas). Autor de diversos libros y ensayos, traducidos a varios idiomas. Ha sido incorporado
al Who´s Who in the World (novena edición) y al History of Political Thought. Recibió el "Centennial
Award" de la
Arizona State University, instituido para celebrar sus cien
años. Profesor Titular de la Universidad Autonoma de Chile y de la Universidad de Chile.
Conductor y Comentarista de Programas Políticos e Internacionales en Radio y
TV. Ex Presidente del Comité de Fuerzas Armadas y Sociedad de la International Political
Science Association. Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma
de Chile. Director del International Center for the Quality of Democracy.
Director Ejecutivo del Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM). Ex Suplente
de Ministro del Tribunal Constitucional Chileno. Ex Abogado Integrante de la Corte de Apelaciones de San
Miguel.
El miércoles 14 de agosto de 2013 a las 17:15 hrs. el
Partido Regionalista de los Independientes (PRI) inscribió mi candidatura
presidencial en las oficinas del SERVEL.
Más allá del inmenso honor hacia
un académico, las siguientes razones son fundamentales para mi postulación:
1.
Un Estado Regional para Chile
Un cambio de tipo histórico, ya
que nuestra patria ha tenido muchos tipos de sistemas políticos y económicos,
pero nunca ha sido un país descentralizado, característica que antecede a la
independencia ya que proviene del imperio español. Para nosotros, la
regionalización no es un tema más, sino el motivo de nuestra propuesta. Un
Estado regionalizado significa en primer lugar, una Asamblea Legislativa de rango
constitucional que a nivel provincial decida temas como salud y educación, y
donde su máxima autoridad electa represente un equivalente a nivel local al
Presidente de la
República. Lo anterior conlleva tomar, al menos, las
siguientes medidas:
a.
La transformación
de las municipalidades desde meras administraciones comunales, sin atribuciones
ni recursos suficientes, en verdaderos Gobiernos Locales.
b.
Frecuentes
plebiscitos regionales y locales.
c.
La
regionalización de los tributos para una reforma tributaria de gran envergadura
que no se preocupe de uno o dos puntos más o menos, sino de temas tan profundos
como que las empresas paguen tributos en el lugar donde tienen sus faenas
productivas y no en Santiago –además del traslado de los ejecutivos de las
empresas públicas–, para evitar la continuación de injusticias tales como
grandes papeleras que cancelan no más de $20.000.- en impuestos municipales.
d.
Una nueva
forma de mirar el país, donde antes de poder presentar un gran proyecto al
Estado y a los financistas, las empresas deberán obtener ANTES el visto bueno
de la comunidad donde se sitúen.
e.
La
redefinición del número de municipalidades y regiones para que sean
equivalentes en tamaños y recursos, lo cual puede significar aumentar o
disminuir su número, dependiendo del criterio de igualdad. También incluye un
sistema de compensaciones entre regiones para que aquellas que solo reciben
beneficios (ej. electricidad) retribuyan a aquellas que reciben las
externalidades negativas (medio ambiente).
Un cambio de esta magnitud tiene
otros efectos positivos. Por un lado, se rejuvenece nuestra democracia, lo que
no se logra con una o dos caras nuevas en la Cámara de Diputados, que como se ha visto, pasan
a hacer lo mismo que los otros, ya que esas son las reglas del juego, sino que
una Asamblea Legislativa Regional y Municipalidades con poder y recursos traen
consigo el ingreso de cientos de personas a la vida pública a través del país,
con el agregado que ello conlleva responsabilidad, ya que esos gobiernos
locales también pueden quebrar si no se manejan adecuadamente. Se agrega a lo
anterior, un segundo motivo para alegrarse: una mejor estructura para la
dignidad y poder de los pueblos originarios, toda vez que no solo Chile es
diverso (los problemas de la Región
de Antofagasta no son los mismos que los de La Araucanía), sino también
lo son las etnias entre sí, ya que ello ocurre en lo cultural entre mapuches,
rapanuis y quechuas. Así, además de representación nacional, a nivel de
asambleas regionales, sus números van a permitir que donde viven su forma de
vida adquiera la prominencia, igualdad y dignidad de la que han sido privados.
En otras palabras, el Estado
centralista que fracasó totalmente para el terremoto del 27F y que le prestó muchos
servicios al país en el pasado, hoy es un anacronismo histórico, toda vez que
el denominador común de todos los países prósperos y desarrollados, es el nivel
de autonomía que se goza a su interior, independientemente de su sistema
político o de sus rasgos culturales.
Chile, por cierto, no pasaría a
ser un país federal para lo cual no existe tradición alguna y continuaría
siendo unitario, pero en condiciones de igualdad entre sus diversas regiones y
despojado de un centralismo que ahoga, lo que permitiría, por ejemplo,
encontrar una mejor solución a los fracasos de la municipalización en salud y
educación a través de corporaciones regionales de derecho público en vez de
regresar a aquellas peores épocas donde desde el Ministerio respectivo en
Santiago se decidía la designación de un(a) profesor(a) en Chiloé.
2.
Nuevo Pacto por Chile
Como este cambio es de enorme
envergadura, se necesita un gran apoyo, lo que nos lleva a otra gran razón para
esta candidatura. Es necesario firmar un nuevo Pacto que reemplace al que se
hizo a fines de la década del ´80 para llevarnos a la democracia y que todavía
sobrevive en la Alianza
y en la Concertación
+ Comunistas, como herederos del SI y del No de hace tantos años. No han
considerado que tanto los chilenos, como el mundo entero han cambiado.
Nuestra propuesta no tiene como
ejes los temas de hace décadas, sino los sociales de hoy, es decir, invitamos a
un gran acuerdo en temas tales como salud, educación, energía, desigualdad y
jubilaciones. Si hablamos de salud es porque a pesar de una sentencia del Tribunal
Constitucional y de Cortes colapsadas por miles de recursos, las Isapres siguen
funcionando igual por falta de una ley al respecto. En Educación, a pesar de
las continuas marchas de los pingüinos poco ha cambiado y todavía no existen
nuevas reglas de juego. En Energía, carecemos de una política nacional; y la
desigualdad campea en todo el país sin que se hayan hecho los avances
necesarios contra nuestro principal pecado social que es el clasismo. Por
último, el tema de las jubilaciones es de enorme gravedad, ya que hoy los
chilenos viven alrededor de 15 años más que hace algunas décadas, por lo que de
no haber un gran acuerdo, simplemente nuestros ancianos no van a disponer de
recursos ni de una vida digna.
Un Pacto por Chile es, además,
necesario por razones prácticas, toda vez que es evidente que la etapa alcista
del precio de las materias primas está llegando a un momento muy difícil, por
lo que está pasando en la economía China y con probables consecuencias muy
negativas para nuestro cobre, con lo que simplemente pueden no existir los
recursos para las promesas hechas. A lo anterior debemos agregar una enseñanza histórica:
que los únicos cambios duraderos han sido consecuencias de grandes consensos y
no de una multitud ruidosa. Es el caso del cambio social más exitoso, el de las
clases medias que lograron los radicales y donde el lema de “Gobernar es
Educar” de Pedro Aguirre Cerda, sigue siendo tan vigente entonces como ahora,
proceso del cual me considero un hijo al haber nacido en hospital público y
haberme educado en un Liceo de provincia (Liceo de Hombres de Los
Ángeles). Es también el caso del acuerdo unánime del Congreso chileno
para nacionalizar el cobre en una época de extrema polarización en 1971.
3.
Reemplazo del Estado Subsidiario por un ESTADO PROTECTOR
Esto nos lleva a una tercera gran
propuesta, el reemplazo del Estado Subsidiario por un ESTADO PROTECTOR y solidario
en dos sectores: por un lado, infancia y adolescencia, donde no cumplimos con
los compromisos internacionales del país, y la tercera edad por el otro. Dos
sectores, que deben ser protegidos como consecuencia de un cambio demográfico
de gran impacto y que no se recupera en al menos una generación, donde nacen
cada vez menos niños y la gente vive más años, y donde el rol del Estado no
puede ser reemplazado por la caridad. Para este objetivo, nuestro instrumento
es la creación de un poderoso Ministerio de la Familia, de todos sus
tipos y variedades (en mi caso, conviven en el mismo grupo distintos tipos: yo
tengo un matrimonio de 32 años con la misma y única mujer, mi hijo es padre
soltero, mi hija vive en el extranjero con sus mellizos, y tengo hermanos con
sus respectivos divorcios y anulaciones). Todas son familias que además de
otras diferentes, deben ser reconocidas por el Estado, que debe ser neutral en
estas materias, ya que la familia, cualquiera sea su forma, siempre va a ayudar
mejor que nadie en temas tales como la educación, drogas o delincuencia.
El nuevo Estado debe ser también
uno ESTRATÉGICO, no solo en sus
relaciones internacionales, sino también en generar la imprescindible
conectividad del país (sin cálculos mezquinos de costos), asegurarle a cada
chileno educación y salud del mismo nivel independientemente de donde viva o la
billetera de sus padres, y una actitud muy firme en el tema de la delincuencia,
la represión del vandalismo, la sensación generalizada de impunidad, en
resumen, el cansancio de tanto chileno pacífico frente a esta situación que
tanto perjudica a nuestra democracia.
4.
Representar el centro político y a los independientes
El cuarto motivo tiene que ver con
nuestra ubicación política, donde asumimos con orgullo y sin complejos nuestra
característica de ser una postulación de centro (sin apellidos), hoy
subrepresentado, y pro-clase media, sector social muy castigado, ya que en
otros países paga impuestos, pero después lo que queda es para su bolsillo,
mientras que en Chile, después de pagarle al fisco, debe desembolsar dinero
para salud, educación, seguridad y un largo etcétera, lo que es abiertamente
injusto. Queremos representar a esa inmensa mayoría de chilenos que cumplen la
ley y que la respetan, y que desean que se la aplique también a privilegiados y
a violentos. Chilenos trabajadores y honestos, que quieren progresar junto con
sus familias, sin tirar el mantel, pero al mismo tiempo, cansados de abusos y
que no se les respete en su dignidad.
Esto es lo fundamental detrás de
nuestra candidatura, es decir, ideas que no están en otras candidaturas, no al
menos en la misma forma y que justifican nuestra presencia, más allá que el PRI
haya sido exitoso en lo electoral, habiendo obtenido más votos que el Partido
Comunista, el Radical, o el PRO. Se va a competir solos, sin pactos y
consecuentes con el ideario regionalista se les va a conceder más importancia a
los candidatos a Consejeros Regionales (CORES) por sobre los parlamentarios, lo
que permitirá probar nuestra verdadera fortaleza, además de mostrarle en la
práctica a los chilenos cuan distinta es la situación cuando el sistema
electoral es democrático a cuando no lo es, toda vez que se eligen diputados en
60 distritos con el binominal (es decir, el conocido uno y uno, a pesar de que
el PRI ha logrado derrotarlo con éxitos electorales), mientras que los CORES
son electos en 64 distritos (es decir, muy parecido), pero con un sistema
electoral distinto de carácter proporcional, que permitirá, por ejemplo, elegir
representantes, esperamos en todas las regiones.
Representamos
a un "Nuevo Centro" en la
política chilena, que se está
construyendo desde las regiones, desde el Movimiento Regionalista, desde la
descentralización.
El centro
político actual cobra vigencia con un nuevo componente regional, popular,
reformista, pero moderado.
Este Nuevo Centro no es de derecha ni de izquierda.
La Concertación y la Alianza son fórmulas agotadas,
que corresponden a un Chile que ya no existe. Son sucesoras del Sí y el No. Las
propuestas nuestras son totalmente alternativas y diferentes a las de ellos. Lo fundamental es acabar con el
duopolio que representa a un Chile
que ya desapareció.
que ya desapareció.
Creemos firmemente que este es el Nuevo Centro al que
el PRI, junto al Movimiento Regionalista, está tratando de recuperar y
reconstruir. Si somos capaces de
comprender esto, entonces seremos capaces, a partir de este Nuevo Centro,
de patrocinar los cambios sociales de mayor justicia social que requiere
la sociedad chilena y el país en su conjunto.
Por sobre todo, tenemos ideas
diferentes y propuestas de fondo, que nos permitirán hacer realidad una
aspiración de la mayoría de los chilenos: crear un Chile profundamente Regional
y Participativo.
CAPÍTULO I:
PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS DEL PARTIDO REGIONALISTA DE LOS INDEPENDIENTES – PRI
Introducción
El PRI plantea al país,
sin dobleces ni complejos, que es el Nuevo Centro; Regionalista, Reformista y
Moderado de Chile y, que sus principales desafíos son: Una profunda
democratización y regionalización efectiva del País para avanzar hacia un
Estado Regional; La
Corrección de un modelo económico neoliberal, instalado por la Dictadura y administrado
y profundizado por la dirigencia transversal de la Concertación que
están y han estado al servicio, en la práctica, de los intereses de los
poderosos y; Un Pacto por Chile, es decir, un gran acuerdo nacional para
avanzar hacia una nueva Constitución Democrática. En esto queremos ser
especialmente precisos. Alcanzar una nueva constitución requiere de un gran
acuerdo que incluya a todos los sectores del país. No puede imponerse una
constitución a una importante parte de la ciudadanía.
a.
Regionalización
efectiva: Hacia un Estado Regional para terminar con el Centralismo Neoliberal
Desde las regiones es que hay que hacer la democracia. Todo esto
exige a un Partido Regionalista como el PRI, una propuesta clara, coherente y
contundente en estas materias. Entonces, afirmamos que debemos avanzar hacia un
“Estado Regional”.
El Estado Regional es un Estado fundado en sus regiones. Esto no
es impedimento para que Chile continúe siendo un Estado Unitario con una
dirección central de carácter nacional, pero esta vez apostamos a una
descentralización efectiva del país, es decir, política, económica social y
cultural en las regiones.
Respecto a las condiciones de un Estado Regional, desde ya, se
requiere que todas las autoridades políticas sean electas por la ciudadanía
regional. No basta con las elecciones directas de los Consejeros Regionales
(CORES), que ha demorado tantos años en transformarse en ley. En tal sentido,
el Presidente del Gobierno Regional, también debe ser electo, y los
representantes de los Ministerios (SEREMIS y Directores Regionales y
provinciales) deben ser designados por un mecanismo que involucre
exclusivamente a dichos Gobiernos Regionales (Ejemplo: ternas propuestas por el
Presidente del Gobierno Regional al CORE). Ello y otras medidas
democratizadoras, nos permitirán alcanzar el objetivo estratégico del Estado
Regional.
Por otra parte, la descentralización meramente política es
insuficiente si no va acompañada de una descentralización y autonomía económica
de las Regiones. Ello implica: La ejecución directa del presupuesto nacional
por los Gobiernos Regionales democráticos; el establecimiento de Tributos
Regionales resueltos por el poder ejecutivo y legislativo de las regiones; el
diseño y la ejecución de políticas públicas propiamente regionales para el
crecimiento y la equidad; el compromiso económico de todos los actores
regionales, que incluya al sector público (Gobierno Regional, autoridades
ministeriales, autoridades comunales), a la sociedad civil y al sector privado
empresarial. Entre otras propuestas que deben surgir de las propias regiones.
b.
Una Nueva
Constitución producto de un gran acuerdo nacional expresado en un pacto por
chile que dé lugar a un Constitución Democrática.
El gran tema que distingue al PRI y que fundamenta la necesidad de
su existencia en Chile es la profunda crisis por la que hoy atraviesa la
democracia representativa, la que está definitivamente agotada y que se ha
visto superada por las demandas sociales de los últimos años.
Esta democracia representativa deficiente se expresa en la Constitución que ha
quedado estancada en el tiempo. Chile puede generar un nuevo poder
constituyente que dé lugar a una nueva Constitución. Los tiempos y las
condiciones políticas así lo ameritan.
Planteamos la necesidad de proveer al país de una nueva Carta
Fundamental que se haga cargo de temas de fondo imposibles de abarcar con
modificaciones constitucionales, cuestiones fundamentales entre las que están
las siguientes:
1)
El cambio
del sistema representativo actual y por eso exigimos el regionalismo
efectivo y no como mera expresión geográfica, ya que este es un paso esencial
en nuestra propuesta para la democratización.
2)
Junto al término
definitivo del sistema binominal y al reestablecimiento de un sistema
electoral proporcional, se debe avanzar también hacia un sistema
Semi-Presidencial.
3)
La actual
ley de partidos políticos es absolutamente anacrónica, tienen que soltarse
las amarras para que todos puedan participar. Los partidos no pueden seguir
manteniendo el monopolio del poder. Los Independientes no deben ser ciudadanos
de segunda clase. Para el fortalecimiento de la Política hay que hacer
política y no meramente máquinas de poder.
4)
El actual
capítulo de derechos y deberes debe incluir los derechos humanos de nueva
generación (derechos colectivos de los pueblos originarios, los derechos
concretos que permiten la vida, etc). Se deben incorporar la Declaración Universal
de los DDHH, el pacto de derechos políticos y civiles, el pacto de san José de
Costa Rica, el pacto de derechos sociales. Todos ratificados por Chile.
5)
La
Constitución Chilena debe reflejar el fin del Centralismo – Neoliberal. Se requiere
consagrar un nuevo rol del Estado en la Economía.
6)
Poder
Judicial: descentralización
y regionalización creando tres Cortes Suprema Regionales. Una en el NORTE,
otra en el CENTRO y otra en el SUR del País. Además, un órgano ajeno a las
tareas jurisdiccionales debe administrar el presupuesto del Poder Judicial,
calificar sus miembros y proveer sus asensos.
7)
Parlamento:
debe considerarse un Senado electo de
carácter Nacional y no por circunscripciones Regionales. Los representantes
populares regionales ya están en la cámara de diputados. Ello nos otorgaría un
Senado integrador con toda la visión de país que se requiere para elaborar las
leyes y mejoraría notablemente la tarea parlamentaria.
PACTO POR CHILE: Una nueva
constitución exige el concurso de todos los chilenos y no se impone por simple
mayoría circunstancial y provisoria. Se requiere de una gran instancia de
participación que incluya al Poder Ejecutivo; el parlamento (120 diputados y 38
Senadores) los Consejeros Regionales electos universalmente en las 15 Regiones
del país (278 representantes) y los gobiernos locales. Este Poder
Constituyente, producto de un gran acuerdo nacional expresado en un PACTO POR
CHILE, después de una gran discusión nacional y regional, le propondría al país
las alternativas para plebiscitar una nueva Constitución Nacional.
c.
Educación
Pública Justa y de Calidad: Regionalizar la Educación Pública
y fin al Lucro.
Nuestra propuesta en Educación pretende abordar el problema en su
esencia manteniendo y si es necesario aumentando la cobertura educacional;
mejorando ostensiblemente la calidad y la brecha existente entre el sistema
público y privado. Con una carrera docente que esté a la altura de las
necesidades de una verdadera educación de calidad. La renta de los profesores
asociados a la carrera docente debe estar a la altura del desafío. No tenemos
duda que ello fortalecerá a las nuevas Corporaciones Regionales de Derecho
público que se creen y a la Educación Superior Estatal y Tradicional. Esta
tarea es de largo plazo, no será posible su ejecución sin un quiebre y si no se
adoptan correcciones arancelarias de inmediato.
El Estado, desde sus Regiones, debe hacerse cargo directamente del
Control y Dirección del sistema de educación pública, enfrentando con eficacia
el tema del Lucro. No basta con garantizar la calidad de la Educación en la Constitución. Proponemos
las siguientes medidas:
1)
Educación
Primaria y Secundaria: regulación
acuciosa de ingreso de nuevo colegios particulares subvencionados, y lo
actuales que sean sociedades comerciales deben transformarse en personas
jurídicas sin fines de lucro. Lo mismo para las entidades de educación superior
que reciban aporte directo o indirecto del Estado. Se debe eliminar el copago y
la selección dicriminatoria de lo estudiantes.
2)
Desmunicipalizar
no es suficiente: Se deben crear
Corporaciones Estatales y Regionales de Derecho Público que cuenten con
financiamiento directo del Estado para hacerse cargo de la Educación pública que
actualmente administran los municipios.
3)
Educación
Superior: Para lograr un total
acceso con una Educación Pùblica superior de calidad es imprescindible que se
establezca el sistema de "arancel diferenciado", esto es, pagar un
porcentaje progresivo del arancel de educación superior las personas que forman
parte del octavo decil (ingreso percápita promedio de 200.000 pesos
aproximadamente) al décimo decil. Obviamente entre el primer y séptimo decil la
educación superior pública debe estar garantizada y ser debe ser totalmente
gratuita.
4)
Se deben
tener en alta consideración propuestas que permitan acortar las carreras
universitarias para aumentar las especializaciones y generar incentivos tales
como la exención del impuesto a la renta a los egresados que decidan prestar
servicios en regiones durante 5 años. Ello en clara congruencia con nuestra
propuesta regionalista.
d.
La Corrección de un Modelo Económico Neoliberal y Terminar con la Concentración Económica
de los Mercados, en donde el Consumidor sea un Ciudadano respetado en sus
derechos.
Creemos en una economía mixta social de mercado. Es necesario
corregir en Chile una economía que tiene una de las más grandes concentraciones
de la riqueza en el mundo. Proponemos las siguientes medidas:
1)
El centro
de una nueva Estrategia de Desarrollo Económico son las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas: reincorporación al
mercado de los miles de micro, pequeños y medianos productores de bienes y
servicios que se encuentran en la insolvencia, mediante créditos blandos;
reprogramarles la deuda a diez años plazo con 5 de gracia para el capital y 2
de gracia para los intereses; condonar la deuda tributaria morosa pequeña; que
puedan pagar su impuesto a la renta sobre la base de utilidades retiradas. Todo
ello nos demanda la creación de un Ministerio para la MIPYMES que genere una
política especial para este sector.
2)
El Banco
del Estado: El Banco del Estado debe
tener un rol activo para el desarrollo de las MIPYMES y de las clases medias y
populares. Su capital de giro debe ser fuertemente aumentado para el mejor
desarrollo de sus actividades.
3)
La CORFO: Deberá retomar el rol
de planificación y ejecución de obras de desarrollo cuando se requiera. Ello es
aún más urgente si se piensa que el Ministerio de Planificación derivó al
sector social abandonando el productivo y su rol en el desarrollo.
4)
La Concentración Económica: Todos los mercados
importantes están concentrados en Chile. Desconcentrar es tarea de mejores
leyes, instituciones y políticas. . La ley debe poner límites a la
concentración en los mercados y así órganos ágiles conocerán su trasgresión
y determinarán las correcciones.
5)
La AFP Estatal: Se debe crear esta
institución sea el Banco del Estado (como Banco Público y no privado) o el
actual IPS no solo para regular el mercado previsional sino que para limitar el
poder económico del uso de los fondos que hacen los grandes grupos económicos
hoy en día.
6)
Acceso
democrático al Crédito: Las
tasas para las clases medias y populares y las MIPYMES son notablemente mas
gravosas, por lo que planteamos el mas pleno y democrático acceso al crédito
para las persona naturales y jurídicas.
e.
Protección
y Promoción de la Familia,
el Matrimonio y los Adultos Mayores
Creemos en el valor de la familia. Proponemos las siguientes
medidas:
1)
La Familia y Matrimonio: apoyamos
las mas diversas formas de familia, y su protección por el Estado y la
sociedad. Sin embargo, afirmamos que el matrimonio es el que se produce entre
un hombre y una mujer. Por ello apoyamos que aquellas uniones que libremente
quieran tener una institucionalidad jurídica y social se puedan realizar
mediante los Acuerdos de Vida en Común (APV) que se discuten actualmente en el
Parlamento.
2)
Adultos
mayores: Para el 2025 se espera que
la población sobre 60 años llegue al 20%, superando en porcentaje a la
población menor de 15 años. (Senama.2013). Se requiere con urgencia promover
todas las políticas públicas que vayan en protección de este importante sector
de la sociedad, debido a su actuales condiciones de desprotección:
a)
En Previsión: Un aumento a las jubilaciones más allá del
pilar solidario actual.
b)
En Salud: avanzar en la atención especializada geriátrica y
focalizada en todos los centros asistenciales del país. Esto debe ser una
obligatoriedad.
c)
En Trabajo: Promover sus servicios en trabajos livianos para
mantenerlos activos y con sentido de dignidad.
d)
En Transporte: Carnet Transporte similar al de los
estudiantes para adultos mayores. Esto les significa poder trasladarse
principalmente, a los centros médicos y asistenciales sin ningún costo.
f.
El Aborto no es un derecho y promovemos Políticas de
Natalidad y Poblamiento del Territorio Nacional ante la significativa baja de la Natalidad de Chile
Afirmamos que el aborto, de cualquier tipo, no
es un derecho y menos puede pretenderse establecerlo como parte del capítulo de
los derechos constitucionales con la modalidad retórica de los supuestos
“derechos reproductivos” de la mujer. Apostamos por la vida y por el
reconocimiento constitucional de los derechos de los hijos que están por nacer.
Proponemos la entrega de un asignación familiar única y pareja de
$40.000 igual a una asignación educacional, para todos los que tengan un
ingreso inferior al máximo imponible, esto es 60UF y a los ingresos superiores
a un descuento de impuestos por igual suma por cada hijo menor de edad.
g.
Salud
Igualitaria para Todos
Creemos que se debe
avanzar hacia un Fondo Nacional de Salud con plan general igualitario para
todos los Chilenos y que el sistema con seguro privado de salud sea una opción
más del mercado para quien quiera hacer uso de ella.
En
Chile es indispensable fortalecer la salud secundaria. Los municipios, así como
en la administración educacional, han demostrado ser ineficaces. Por ello, el
Estado en los niveles regionales y provinciales debe contar con instituciones
públicas de Salud que, más allá de la rentabilidad económica, los chilenos
cuenten en cada rincón del país con los especialistas médicos y el instrumental
moderno indispensdsable para una cobertura de calidad en su salud física y
psiquica.
h.
Por un
Chile Limpio: Energías Renovables y Medioambiente sano
En Chile, existe la energía renovable en abundancia y existe el
conocimiento tecnológico para explotarla. Lo que no existe es la voluntad, por
ello nos someten a la ejecución de obras como Hidroaysén. Tan dañinas que
dejarán una profunda herida en el extremos sur de la Patria.
Por lo anterior planteamos
que debemos tener un mercado eléctrico más competitivo en generación; terminar
con la integración vertical, generación, transmisión y distribución;
privilegiar en materia de transmisión troncal la llamada carretera eléctrica
pero de carácter público, para permitir la incorporación de nuevos actores;
promover la competencia en distribución, a través de la licitación de paquetes
de energía y al pago de peajes en forma similar al "multicartier" en
la telefonía.
Chile
debe privilegiar el enorme potencial que tiene en las ERNC (Energía Renovable
No Convencional). Proponemos como meta llegar al 50% de ERNC en nuestra matriz
energética el año 2050 con el compromiso de llegar a 25% dentro de los próximos
15 años. Dentro de esto debemos avanzar en un sistema de Generadores
particulares de Energías Renovables no Convencionales para que puedan inyectar
excedentes de energía a la red de distribución a través de los respectivos
empalmes.
i.
Chilenización
del Cobre Mediante su Refinamiento por una Empresa Pública-Privada con una
Mayoría de Capital Estatal
Una ley debiera establecer
la obligatoriedad de que al menos el 51 % de lo extraído en Chile se venda a
una Empresa de Refinamiento formada por Capitales Públicos y Privados con
mayoría de capital estatal. Eso es Chilenizar el valor agregado de esta riqueza
y con ello aprovecharlo sustancialmente al ser refinado en Chile en beneficio
de todo el país. La sola ganancia y su permanencia permitiría financiar parte
de la educación gratuita.
j.
Integración
Internacional con Nuestros Vecinos en Todos los Aspectos sin Cesión de
Soberanía
Debieran existir complejos fronterizos integrados en todas
nuestras fronteras y facilidades crecientes de tránsito de personas y
mercaderías.El documento nacional de identidad debiera aplicarse como documento
único para ingresar y transitar por todos los países de Latino América. Con
Bolivia, Argentina y Perú ello debiera ser absolutamente expedito para el
comercio, la inversión, la residencia, el trabajo, el turismo , el transporte
etc.
Para que todo lo anterior sea fructífero se requiere la Paz y debemos promover ante
nuestros vecinos la plenitud de nuestras actuales soberanías y que ello no debe
volver a discutirse jamás.
k.
Mejoramiento
Efectivo de las Condiciones Laborales de los Trabajadores
1)
Aumentar
y promover la
Negociación Colectiva como política de Estado.
2)
Fortalecer
la Sindicalización
de los trabajadores.
3)
Todos los
trabajadores debieran tener el mismo trato jurídico. Ello, obviamente, incluye
al sector público que, entre otras cosas, debe tener derechos plenos en
materias de organización laboral.
4)
Plateamos,
favorecer una legislación que mida la productividad y no solo la jornada de
trabajo, regulando y promoviendo adecuadamente el TELETRABAJO y la
incorporación igualitaria de todas las nuevas tecnologías informáticas al mundo
laboral.
5)
Se debe
terminar con los trabajos a honorarios desnaturalizados (que naturalmente son
contratos de trabajo) en la administración del estado.
l.
Nuevo
Trato con los Pueblos Originarios: Un Asunto de Estado
Hacemos nuestras las
conclusiones arribadas por la
Comisión de Verdad y Nuevo trato del año 2002 presidido por
el Ex presidente Patricio Aylwin orientada al reconocimiento constitucional de
los pueblos originarios, al reconocimiento de sus derechos y a su integración
plena al desarrollo y al territorio del Estado de Chile.
Consideramos que la
regionalización proveerá mecanismos eficientes y oportunos para resolver en los
lugares donde las etnias tienen su principal asentamiento, el enclaustramiento
físico, pobreza moral y material en que se desenvuelvan las culturas
originarias.
m.
Chile
Digital: Conectividad Regionalizada
Creemos que el Estado debe tener un rol activo y facilitador
fundamental en pos del desarrollo de esta conectividad digital que se ha
posicionado como una de las revoluciones tecnológicas mas grandes e importantes
de este siglo XX Y XXI, debiendo abarcar cada rincón de Chile. Para ello,
proponemos lo siguiente:
1)
El Estado
debe asegurar el real acceso a Internet, con medios propios o ajenos a todo el
país especialmente las zonas rurales.
2)
Acceso a
internet todos los centros de educación pública, desde la niñez temprana a
partir del Kinder y donde quiera que estos centros estén ubicados.
3)
Incluir
obligatoriamente (de la misma forma que el gas, la luz y el agua) el acceso a
Internet. Para el caso de los proyectos de viviendas sociales, este acceso
debiera ser gratuito.
4)
En fin,
se debe pensar en el desarrollo tecnológico no solo desde el mundo privado, el
Estado debe disponer del presupuesto en esta área, que vaya en la línea de la
conectividad a Internet y paralelamente avanzar hacia alfabetización digital.
n.
Obras
Públicas: El Ministerio debe ser descentralizado
El Ministerio de Obras Públicas debe ser descentralizado. Somos
firmes partidarios de obras públicas que tienen que ver con la integración
física de nuestro territorio por razones geopolíticas y desarrollo armónico del
país y, en tal sentido, proponemos continuar con la integración física de
Chiloé al territorio; el desarrollo de la infraestructura vial que la XI y XII región, el desarrollo
de un sistema ferroviario moderno de alta velocidad que una el centro de Chile
y las ciudades de Santiago y Valparaíso de forma tal que más allá de
discusiones bizantinas de rentabilidades económicas, se tome en consideración
que estas decisiones son parte de un proyecto para un Chile más integrado y con
mayor población.
o. Es necesario revisar la carga tributaria
Es necesario revisar la carga tributaria sin olvidar que al final
pagan las personas y que el ahorro y la inversión dependen en parte de lo que
se haga en esta sensible área.
Hay que obtener los recursos para la tarea que aquí se expresa y
que primero hay que echar mano a los ahorros del fisco y los dineros del cobre
que en exceso van a las compras militares.
Lo
más importante es simplificar el sistema tributario chileno, que en su
formulación legal actual es farragoso y muchas veces incomprensible, y
transformar al Servicio de Impuestos Internos en un ente amigable y no en un
centro de burocracia, que a pesar de la modernidad de sus recursos aún es un
infierno para los contribuyentes.
o. Manejo sustentable de
los recursos hídricos y acceso garantizado al agua potable
Gran parte del territorio
nacional se encuentra en alerta desde hace un lustro por el déficit hídrico
sólo moderado por los aportes de las capas freáticas que debido a la sequía no
alcanzan el nivel óptimo de regeneración. La posición geográfica tampoco ayuda
en razón de que la masa continental de Sudamérica sitúa los principales
sistemas hídricos en superficie hacia la vertiente del Océano Atlántico, tiene
un origen pluvial por tanto variable en flujo.
Los incidentes del pasado
verano (2013) con los cortes dramáticos de agua que no tienen antecedentes en
el mundo desarrollado, lleva a una reflexión sobre el proceso de privatización
llevado en Chile en los últimos años que ha alcanzado un mayor saneamiento de
sus aguas residuales, pero a un alto precio. Al igual que en otros sectores
directamente vinculados al medio ambiente, a las empresas les sale más rentable
pagar multas que cumplir con normativas exhaustivas o realizar infraestructuras
cuyo coste no sea financieramente razonable para los consejos directivos.
El 85 % del
abastecimiento de aguas a nivel mundial, operativo en mejor peor estado, se
encuentra bajo control público, lo que ha hecho que las empresas privadas lo
consideren un terreno virgen para su explotación, y se hayan creado con la
complicidad de los Estados y de organismos internacionales, monopolios
regionales como carteles que están fuera de la regulación del Derecho de la Competencia, en una
verdadera tierra de nadie, al amparo de la ley del libre mercado, pero sin que
la libre competencia les sea realmente aplicables, en sus sectores de
actuación. Por ejemplo, el caso de Chile donde el negocio se encuentra debidamente
parcelizado.
Se desarrollaran las
propuestas efectivas en el apartado correspondiente de este programa.
- Calidad de vida sustentable con el medio ambiente y los recursos naturales
Los
principales problemas de contaminación que deben atenderse en chile,
corresponden a los vinculados a las aguas destinadas para regadío,
principalmente en el norte, de aquellas aguas que son utilizados por la minería
en sus procesos, vuelven a ser encauzadas, y más adelante se utilizan en
agricultura. Lamentablemente presentan la mayoría de las veces altas
concentraciones de sales que degradan la productividad de suelos, y muchas
veces, quedan residuos en los productos que serán consumidos por la población.
Junto
a ellos, la contaminación del aire en diversas ciudades del sur de Chile,
algunas con índices incluso superiores a Santiago, obligan a tomar medidas para
combatir los efectos de la contaminación en forma local, a nivel comunal.
A
nivel de vertederos de basura, la contaminación también ha avanzado a pasos gigantes.
Nadie quiere un vertedero cerca de casa, pero todos quieren que sea retirada la
basura todos los días del año.
El SEA (sistema de Evaluación Medio
Ambiental) debe ser nuevamente reformado no solo en lo que se refiere al
financiamiento con que deben contar las comunidades para poder competir con
estudios de la misma envergadura científica como los que desarrollan las
grandes inversiones nacionales y trasnacionales que parecen justificar todo
tipo de intervención en el medio ambiente. La institucionalidad también debe
cambiar es poco democrática. La comunidad debe plebiscitar los proyectos antes
de ser ejecutados. Se deben establecer compensaciones obligatorias.
CAPÍTULO
II:
REGIONALIZACIÓN EFECTIVA: HACIA UN ESTADO REGIONAL
Junto a las propuestas
en esta materia realizadas al inicio de este documento consideramos necesario
profundizar en las siguientes ideas:
En lo que respecta a la
organización política debe distribuirse
territorialmente el poder político y así garantizar una autonomía efectiva.
No existe actualmente una política provincial o regional, ya que estas
subdivisiones territoriales están a cargo de agentes nombrados directamente por
el Presidente de la
República (diseño heredado del sistema centralista de origen
francés adoptado por los Borbones españoles). Para ello no basta con la
elección directa del intendente o del presidente del consejo regional. Tampoco
basta con dar autonomía a la capital regional y generar centralismos
regionales. Una verdadera regionalización empieza en las comunas con la
conformación de gobiernos locales y una revitalización del papel de las
provincias.
Proponemos revitalizar el rol de las Provincias,
como legítimas subdivisiones territoriales que requieren representación. Para
ello sus autoridades serán electas
democráticamente y proponemos recuperar una institución suprimida por la Constitución de 1833
como símbolo de la descentralización: las Asamblea Provincial. Estas asambleas,
junto con un ejecutivo electo por la ciudadanía (Gobernador), tendrán a su
cargo el gobierno y la administración de la provincia. Lo anterior permitirá no
alterar la representación regional del ejecutivo (el Intendente seguirá en su
rol de representante natural e inmediato del Presidente de la República en la Región), pero si disminuir
su campo de acción. El consejo regional será una instancia de definición de
políticas regionales y de negociación con el ejecutivo, pero las provincias,
por su parte, aumentan su protagonismo y definen sus propios estatutos. El
presidente del consejo regional será el gobernador con asiento en la capital
regional.
El trabajo de los
integrantes de la asamblea provincial se distribuirá en comisiones a cargo de
distintas temáticas de interés provincial (salud, educación, cultura, etc.) o
de sectores del territorio, debiendo así estar a cargo de dirigir y
supervigilar a los funcionarios en estas materias y de informar sobre ellas al
pleno de la asamblea. Ello aumentará su dignidad y les obligará a asumir un
protagonismo en el gobierno y la administración provincial. Esta situación se
puede replicar a nivel municipal con los concejales.
Por otro lado se debe aumentar la participación ciudadana
efectiva, para lo cual proponemos las siguientes medidas:
1.
Procedimiento que permita remover a las
autoridades locales.
2.
Iniciativa popular o ciudadana, tanto para
regulación de índole local, como para decisiones de inversión o realización de
proyectos.
3.
Procedimiento expedito para solicitar
Plebiscitos vinculantes.
4.
Designar un Defensor del Pueblo, que tenga
como objetivo la protección de los habitantes de las provincias y especialmente
a los más desprotegidos (en Roma defensor civitatis,
defensor plebis).
En materia de financiamiento deben tomarse medidas que tengan una
vinculación directa con el territorio, de forma de concientizar a la población
respecto de su aporte al desarrollo local. Las medidas a implementar son las
siguientes:
1.
Establecer ingresos propios para las
regiones, sobre todo en lo que dice relación a las riquezas de cada territorio.
2.
Modificar el impuesto a los combustibles. Se
elimina el impuesto actual y se crea uno nuevo que beneficia principalmente con
su recaudación a las zonas necesitadas –quienes actualmente más pagan. Cada
región puede así beneficiarse de su propia recaudación. La inversión de estos
recursos debe decidirse autónomamente por las asambleas provinciales según sus
necesidades propias en materias de educación, salud e infraestructura.
3.
Establecer un fondo de coparticipación
tributaria popular (un % del total recaudado en varios impuestos incorporando
el IVA, impuesto a las utilidades de las empresas, etc.) que vaya directamente
a las regiones, provincias y comunas.
4.
Establecer un fondo de compensación ambiental
que beneficie a aquellas comunas afectadas por impactos medioambientales,
especialmente producto de infraestructura pública (rellenos sanitarios,
carreteras eléctricas, cárceles, etc.), y que se financie directamente con
tasas adicionales sobre esas actividades.
5.
Establecer un impuesto especial a la
explotación de recursos naturales no renovables y proyectos que producen una
grave modificación al medio ambiente.
6.
Generar mecanismos de incentivos tributarios
y de flexibilidad en materia de permisos para que las comunas puedan atraer
nuevas inversiones a su territorio, los que deberán ser definidos y aprobados
por los concejos municipales considerando siempre mecanismos de participación
ciudadana.
7.
Exención especial de impuestos y/o subsidio a
los productos que sean procesados directamente en la zona de extracción.
Otras medidas que
impactan en diversas áreas y que permiten una mayor descentralización, son las
siguientes:
1.
Servicios básicos, combustibles e impuestos
más altos en la
Región Metropolitana para incentivar traslado a localidades
pequeñas. Por ejemplo el gas de uso industrial debe estar afecto a más
impuestos en Santiago y en las capitales regionales.
2.
Vincular a la comunidad a través de instancias
de participación coordinadas por las municipalidades para la solicitud de
medidas de compensación y mitigación según lo establezca el Sistema de
Evaluación Ambiental, lo que se exigirá a los respectivos proyectos de
inversión como condición para su aprobación.
3.
Traslado a regiones de empresas públicas.
4.
Descentralización educativa (esquema de
Estados Unidos). Promover la instalación de Universidades en localidades
pequeñas e incentivar el traslado de las Universidades que operen en Santiago
dejándolas afectas al pago de impuestos.
5.
Radicar las escuelas y academias militares de
oficiales y suboficiales fuera de la Región Metropolitana.
6.
Revisión participativa de la división
regional, provincial y comunal, que debe ser representativa del territorio y de
la cultura local, pero también viable. La actual subdivisión y el proceso de
regionalización realizado por el gobierno militar siguió un criterio de
división administrativa en base a criterios centralistas con objetivos
meramente funcionales a la aspiración neoliberal de Estado mínimo y enmarcado
en una lógica autoritaria presidencialista.
7.
Iniciar proyectos de alta inversión pública
en infraestructura, equipamiento urbano y promoción de inversiones en pequeñas
localidades para incentivar el traslado de personas.
Reconocimiento constitucional y legal de la diversidad del territorio de
forma de que cada gobierno subnacional tenga atribuciones para definir sus
propios estatutos de acuerdo a sus necesidades. Flexibilidad para que cada
municipio pueda determinar por sí mismo las estructuras y organización que
requiere.CAPÍTULO III:
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN REGIONAL DEL ESTADO CHILENO
En el marco de un
replanteamiento y ampliación de la visión del Estado, se propone crear un
Centro de Información (CI) y almacenaje de datos para que la información
pública y privada (Base de Datos) permita hacer mejores políticas y disponer
mejor de los recursos económicos. Con este propósito se propondrá la creación
de un departamento para la administración de bases de datos interministeriales,
que independientemente que cada ministerio o servicio mantenga su información,
le permita al CI concentrar en un solo lugar la información existente de cada
Ministerio e Institución de relevancia estadística y poder generar los informes
señalados y sin duplicar la información.
De esta forma se
transformará la manera de ver los procesos y las estadísticas del país,
convirtiéndose en la institución modelo de la agenda electrónica del gobierno y
definiendo la mejor Intelligence architecture que el CI necesita para entregar
la idea de la centralización de liderazgo en la información, basado en
efectividad y confiabilidad de la información.
CAPÍTULO IV:
FOMENTO FINANCIERO DE LAS REGIONES
La aspiración de crear
un organismo financiero que impulse y fomente la integración
regional está presente en el programa del Partido Regionalistas de los
Independientes (PRI). La historia de esta iniciativa de formación de la Corporación Andina
de Fomento (CAF) – Banco de Desarrollo Latinoamericano, comenzó a concretarse
en 1966, tras la histórica firma de la Declaración de Bogotá.
Hoy, debemos rediseñar las
instituciones que estaban supuestas en la adopción de un modelo conjunto
de desarrollo económico, social y comercial. Chile necesita reestructurar estas
instituciones a nivel regional para actuar con
la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios
generados en el entorno regional del país y mundial. Asimismo, alinear
continuamente su gestión interna con el apoyo al crecimiento de todos los
sectores donde los negocios pequeños y medianos requieran apoyo. (Pymes
Agrícolas, comerciales y emprendimiento).
En países emergentes
resulta importante la intervención del Estado en la intermediación financiera,
de forma de crear una competencia a la banca privada y llegar a los sectores y
lugares en los que el banco público no puede llegar o tampoco puede posibilitar
el acceso a créditos de mediano y largo plazo.
El Poder Ejecutivo podría
presentar un proyecto cuyas principales características fueran de una creación
de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que no daría créditos
en forma directa a los prestatarios, pero que lo haría indirectamente como
garantía, a través de las demás entidades de primer piso componentes del
sistema financiero, tales como bancos, financieras o cooperativas de gran
envergadura. La AFD
establecería líneas de financiamiento para proyectos y sectores específicos, y
las que se darían a conocer al público en general.
Luego se propone la
creación del Banco de Fomento y Desarrollo Nacional (BFDN). La creación
del Banco de Fomento y Desarrollo Nacional que, a diferencia de la Agencia Financiera
de Desarrollo, podrá prestar directamente a los tomadores de créditos y
consecutivamente deberá tener la capacidad para analizar y evaluar los
proyectos que sean presentados para su financiamiento. Con esta nueva banca de
primer piso se debería tratar de complementar al sector privado, en el sentido
de llegar a agentes económicos que no tienen acceso al crédito y a lugares
alejados que actualmente no están dentro del sistema financiero; lo que podría
lograrse a través de nuevos conceptos de banca.
CAPÍTULO V:
MEDIDAS PROPUESTAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
1.
Rediseñar el Ministerio de
Educación
Este nuevo esquema exige
una redefinición del Ministerio de Educación, asignándole las funciones y
atribuciones específicas y suficientes que aseguren el liderazgo del sistema
educacional en todos sus niveles, evitando así mismo la duplicidad de funciones
o la carencia de atribuciones, para cumplir aquellas asignadas.
2.
Dotar al Sistema de
Educación Superior de una Institucionalidad moderna
Se propone en los próximos
4 años dotar a la educación superior de una nueva institucionalidad, a través
de la creación de una Subsecretaria de Educación Superior que desarrolle y
coordine las políticas públicas en educación superior y un conjunto de otras
agencias públicas que, dotadas de facultades y atribuciones específicas, otorguen
al sistema mejores características de equidad y calidad.
3.
Acreditación institucional
obligatoria por cinco años
El actual crecimiento y
desarrollo del sistema hace necesario transformar la acreditación voluntaria en
obligatoria, dicha acreditación debe ser por un periodo fijo de 5 años, como
así mismo unir en un solo proceso la acreditación institucional y de programas.
Así las instituciones que no logren la acreditación en una primera oportunidad,
tendrán una segunda posibilidad, de no lograr la acreditación en esta segunda
oportunidad se deberá solicitar su cierre.
4.
Crear universidades
estatales en tres regiones del país
La presencia de universidades estatales en todas las
regiones del país es una necesidad, por ello se propone, en los próximos cuatro
años, crear en las regiones de Aysén, Los Ríos y O’Higgins universidades
estatales, como así mismo potenciar la educación superior estatal en regiones
asignando fondo contra metas específicas tales como el aporte al desarrollo
regional, la investigación, la innovación o el desarrollo tecnológico que la
región requiere.
5.
Educación superior
gratuita, para el 70% de los estudiantes
Se propone educación
gratuita para los estudiantes de los siete primeros quintiles y el apoyo de
créditos complementarios para octavo y noveno quintil. ****************
6.
Redefinir el rol de los
institutos profesionales
En la actualidad existe un
cuestionamiento al rol de los institutos profesionales, en consecuencia, se
propone abrir un gran debate para redifinir el actual rol de los institutos
profesionales.
7.
Fortalecimiento de la
formación técnica de nivel superior congruente con el desarrollo regional
Se destinarán fondos
especiales orientados a los centros de formación técnica, para transitar hacia
un régimen de autonomía, apoyar los procesos de acreditación y fortalecer
su calidad formativa.
8.
Establecer pruebas
especiales la obligatoriedad de rendir un examen de habilitación de los
titulados para ejercer su profesión
Se propone avanzar hacia un
conjunto de carreras profesionales y técnicas cuyos egresados deban rendir una
prueba de carácter obligatoria y habilitante para su ejercicio. Los resultados
obtenidos en esta prueba por los egresados de las instituciones de educación
superior deben ser públicos y tomados en consideración en la acreditación de
las instituciones, como también aquellos alumnos que no logren aprobar deben
ser reforzados en forma gratuita por su institución.
9.
Establecer un examen
especial y obligatorio para ejercer la función académica en instituciones de
educación superior
La función de docencia
implica el ejercicio de un conjunto de tarea que requiere de competencias
específicas, que se adquieren únicamente a través de la capacitación y
formación. Estas competencias tienen una fuerte incidencia en el proceso de
aprendizaje de los futuros profesionales. Es por ello que se requiere que todos
aquellos técnicos y profesionales que ejerzan docencias en las instituciones de
educación superior deben acreditar un curso habilitante de 400 horas pedagógicas.
10.
Establecer la
obligatoriedad para la instituciones de educación superior de contar con el
cargo ombudsman institucional.
CAPÍTULO VI:
EL AGUA EN CHILE: CUANDO EL EXCESO DE PRIVATIZACIÓN PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD NACIONAL
1.
Introducción
Las políticas de privatización del agua de
gobiernos anteriores si bien a corto plazo suponen un alivio para la economía
nacional, implican el primer paso hacia la pérdida de control en un recurso tan
vital como el del agua, no sólo como bien esencial para la población –en este
sentido, los Objetivos del Milenio buscan reducir a la mitad las tasas actuales
de acceso al agua y a saneamiento, sino que también como recurso natural con
implicaciones financieras y medioambientales relevantes.
La regionalización
del agua a través de los poderes públicos inferiores del Estado, respetando
el principio de solidaridad nacional es una vía alternativa que incluso a nivel
internacional, ha alcanzado grandes éxitos a través de comisiones
independientes que periódicamente realizan estudios sobre las necesidades de
agua, tanto para las actividades humanas como industriales, y sobre el buen uso
de las mismas para evitar el agotamiento y la pérdida de calidad de este
recurso que al día de hoy no puede ser considerado como un bien infinito. En
realidad se trata de evitar lo que se conoce como la teoría del agotamiento de
los bienes comunes mediante un precio y utilidad razonable, probada
empíricamente, y no sólo por las reglas del mercado.
2.
Propuestas
a.
Existe la necesidad
de que el recurso hídrico se estudie a largo plazo como un factor estratégico
en la relación entre Chile y los países vecinos con objeto de la prevención de
conflictos, en este sentido un mayor ahondamiento en la autonomía de las
regiones sería deseable, a modo de ejemplo el Convenio relativo a la
protección, utilización, realimentación y estudio del manto subterráneo
franco–suizo entre la
Comunidad de comunidades ginebrinas y de Viry y la República y cantón de
Ginebra.
b.
El modelo que se
describe en la doctrina International
Water Law, permite que entidades subnacionales a nivel local y regional
pueden alcanzar en base a un principio de subsidiariedad –modelo de gobernanza
ampliamente utilizado en la
Unión Europea–, una cooperación estratégica que por distintos
motivos las autoridades nacionales no logran alcanzar.
c.
La protección del
medio ambiente, especialmente en las regiones extractivas, también es un
elemento a tomar en consideración, como muestra la acción de empresas
transnacionales que operan con desapego a principios medioambientales, lo que
lleva a hablar de atentados ecológicos y la pérdida de un número incalculable
de especies.
d.
El reconocimiento de
los derechos indígenas en la gobernanza del agua.
e.
Revisión del Tratado
Binacional Minero con la inclusión de una clausula de mantenimiento del medio
ambiente.
f.
Revisión de las
privatizaciones de saneamiento de aguas y posibilidad de co-participación,
modelo de capitalismo social, veáse grupo Volskwagen, o la figura de las
asociaciones public–public o public–community que aseguran la gestión del agua
continua en control del Estado y bajo control público.
g.
Creación de un
Consejo nacional del agua con representantes de las regiones de referencia
similar a la
Comisión Nacional de Riego (CNR), un modelo similar al de Argentina
(comités regionales de cuenca).
h.
Medidas para
finalizar con el oligopolio de las empresas hidroeléctricas para asegurar una
mayor competencia y fluctuación de precios.
i.
La privatización del
agua tiene efectos discriminatorios entre poblaciones urbanas y rurales y entre
sectores productivos, en concreto el sector agrícola que está a expensas del
sector industrial.
j.
Medición del índice
de recarga de acuíferos por auditores independientes y del proceso de deshielo
de los glaciares.
k.
Imposición de un
impuesto ecológico a las embotelladoras de bebidas dirigido a la preservación
del medio ambiente.
l.
Debate sobre
construcción de nuevas presas con participación de todos los stakeholders.
m.
Creación de impuesto
ecológico a las empresas mineras del norte para la prevención de daños en los
cursos hídricos inferiores.
n.
La implementación
gradual de principios previstos en la normativa europea sobre agua potable,
directiva 2000/60/CE que actualiza la acción europea en protección del agua
como elemento esencial para la vida humana desde la década de los ´70.
o.
Realizar una reforma
constitucional donde el agua sea considerada como asunto de interés y seguridad
nacional.
La
presión social mediante un procedimiento innovador en el Tratado de la Unión Europea dejó
fuera el agua de la regulación europea sobre concesiones y coloca este recurso
en el camino a la consolidación como derecho humano en línea con las últimas
decisiones de Naciones Unidas.
CAPÍTULO VII:
PROPUESTAS EN SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
1.
Introducción
Debemos avanzar hacia un sistema de seguridad
pública nacional, regional y local, donde algunas facultades y atribuciones en
materia de prevención del delito y colaboración en materia de control, estén en
manos de las municipalidades y con la activa y permanente participación de las
organizaciones sociales del territorio.
2.
Propuestas
del nuevo gobierno
a.
Fortalecer
la Subsecretaría
de Prevención del Delito y generar bajo su amparo una estructura de gestión
regional y municipal acorde a nuestro nuevo gobierno. Un Sistema de gestión de
políticas regionales y locales, presupuesto descentralizado, modernización
policial acorde al proceso de regionalización, focalización en barrios críticos
con decisión regional, etc.
b.
El
desafío principal es dotar a las regiones y municipios, concebidos como
verdaderos gobiernos locales, de facultades, recursos y atribuciones para
trabajar en prevención del delito y colaborar efectivamente en reducción de la
delincuencia. Esto requiere alinear las políticas antidelincuencia a la REGIONALIZACIÓN
que proponemos.
c.
En
efecto, hay que lograr una mirada regional del fenómeno: Tarapacá es la región
más victimizada (42,9%), luego Antofagasta (29,3%) y Coquimbo (27%). Cada una
con sus particularidades: tipo de delito, frecuencia, zonas seguras/inseguras,
sistema de reinserción social, gestión policial, etc.
d.
Uno de
los mayores desafíos es bajar los niveles de “sensación de inseguridad” o miedo
al delito. Desde el nuevo gobierno trabajaremos las políticas preocupándonos de
la mirada subjetiva de la delincuencia, observando no sólo de la gestión
policial o desde el mundo de los expertos, también desde las personas,
comunidades y con los municipios.
e.
Uno de los elementos más importantes
para combatir la “sensación de inseguridad” es intervenir los espacios
públicos. En las capitales regionales debe existir un programa especial con el
Transporte público para intervenir los recorridos. Evaluar y decidir la
presencia de Carabineros en el transporte público.
f.
Por
otro lado, surge más patente que nunca la necesidad de incorporar a la sociedad
civil en espacios efectivos de participación. Por ello se debe
fortalecer la inclusión de aliados estratégicos con el objetivo de lograr una
mirada que sea más integral y colaborativa y que permita que todos los actores
involucrados puedan aportar para mantener esta problemática bajo control. Que
sean parte de las decisiones de los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal
en materia de seguridad.
g.
Cambiaremos
la mirada y aumentaremos los recursos disponibles actuales del 2% del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional destinado a seguridad pública. Con intendencias
y Consejos regionales legítimos, las regiones manejarán recursos propios y
suficientes para entregar a sus comunas y ciudades. Planes de acción regionales
y el diseño de un Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal
especial para la prevención del delito y el aumento de la sensación de
seguridad en los barrios. Focalizado en comunas más vulnerables y con mayores índices de delincuencia.
3.
Otras
medidas regionales
a.
Aumentar los centros de atención a víctimas en todo el país, llegando
a 100 a
fines del gobierno.
b.
Nuevos recintos penales. Programa de cárceles concesionadas.
c.
Capacitación y reforma policial. Mejoramiento de mallas curriculares
en la formación de nuestros policías.
d.
Perfeccionamiento al sistema de sanciones para adolescentes
infractores de ley.
e.
Creación de nuevas comisarías y cuarteles policiales en comunas más vulnerables
y con mayores índices de delincuencia.
f.
Creación de Escuadrones de Carabineros por región que apoyen las
funciones de los actuales Plan Cuadrantes.
g.
Mejoramiento de la actual Ley de Seguridad Privada.
Evaluación de programas antidelictuales vigentes para mejora, remplazo o
eliminación: terapia multisistémica; barrio en paz residencial; barrio en paz
comercial, plazas segura; fondo de seguridad pública, etc.CAPÍTULO VIII:
CORRECCIÓN DEL MODELO ECONÓMICO: EL ESTADO PROTECTOR Y LAS EMPRESAS SOCIALES
1.
Introducción
Este es el tema que vio
nacer nuestra alternativa: la
Corrección del modelo económico nos impulsa a promover una
verdadera economía social de mercado con la apuesta por un Estado Protector y
no meramente Subsidiario. aquí abordaremos con propuestas algunas de esas
ideas:
El profesor Yunus, Premio
Nobel de la Paz,
tiene una nueva visión para resolver los problemas globales que estamos viendo
hoy, día a día, en cada rincón del mundo. Las empresas sociales son un negocio
impulsado por una causa. En una empresa social, los inversionistas o dueños
poco a poco pueden ir recuperando el dinero invertido, pero no pueden tomar
todo como ocurre hoy en el país, y el dividendo más allá de las utilidades
hasta un punto en que sea moralmente ético. Ese punto es difícil aun en Chile de
entender, pero ya hay países que lo están haciendo.
2.
Algunas aclaraciones sobre los negocios sociales
La empresa debe reinvertir
un porcentaje de sus utilidades y cubrir todos los costos y obtener beneficios,
al mismo tiempo, para que de esta forma, lograr el objetivo social. Objetivos
tales como; asistencia sanitaria para los pobres, vivienda, servicios
financieros, problemas de mala nutrición, recuperación y alimentación adecuada
para los niños desnutridos, suministro de agua potable, introducción de
energías renovables, salarios justos (de mercado) reales y no salarios minimos
que casi el 80% del pais persive, negocios llevados de una manera ética y
muchos otros temas que no considera el sistema económico actual. Humanizar el
Capitalismo.
El éxito de los negocios
sociales se mide por el impacto de la actividad y calidad de vida en las
personas o el medio ambiente, en lugar de la cantidad de dinero acumulado u
otros beneficios obtenidos en un período determinado. La sostenibilidad de la
empresa indica que se está ejecutando como un negocio. El objetivo de la
compañía es alcanzar las metas sociales. Donde todos se beneficien. Desde el
portero a los más grandes inversionistas.
Es necesario realizar alguna
aclaraciones sobre lo negocio sociales. Este nuevo concepto contempla la
obtención de beneficios. A las empresas sociales se les permite obtener
beneficios con la condición de que las ganancias se reinviertan en la empresa,
los propietarios, inversores o accionistas no obtendrán lucro personal más allá
de la cantidad equivalente a la inversión y/o en base a un acuerdo puede ser
beneficioso para todos.
Reinvertir su dinero en su
propia compañía y hacerla crecer, beneficia a todo el mundo dentro de la misma
empresa, desde el portero al propietario, empresario, clientes, la comunidad,
la región, el país y hasta todo el planeta. Entonces usted efectivamente habrá
hecho un aporte a humanizar la economía que perdió hace tiempo su rumbo por la
avaricia de personas que quieren ganar más, más y más. Como decía J. M. Keynes
–“que importa, si en el largo plazo todos terminamos muertos”. Es verdad, pero
en este caso dejaremos un legado para las generaciones venideras.
Todos podemos hacer algo
para ir al rescate, esta vez no será un rescate financiero, sino uno con
rostro, de mujeres, hombres, niños y ancianos. Nuestro programa económico esta
sumándose a una red mundial a la cual se implemetaría su enseñansa en
universidades estatales y se unirían seguir los pasos en pos de la justicia
social como hace el Prof. Yunus. Por ello, cada universidad estatal por ley
deberá impartir una carrera en el área de los Negocios Sociales. La educación
es la única forma de diseminar el nuevo paradigma global. En cuestión de años
la sociedad de nuestro país se revertirá, para poner en un museo la pobreza y
la mediocridad de desarrollo del país, ofreciendo erradicar la pobreza y dar
soluciones sociales a la brevedad.
CAPÍTULO IX:
CLASE MEDIA, PYMES Y REGIONALIZACIÓN DE LOS TRIBUTOS
1.
Introducción
En las siguientes líneas se proponen
ideas para ayudar a la clase media, que es el sector de la población que ha
hechos los mayores aportes a su país en materia de política, desarrollo
profesional y muchas otras. Además, se reconoce la necesidad de apoyo y emprendimiento de las
PYMES, que constituyen el motor de nuestro país, razón por la cual se
proponen ideas tendientes a mejorar la situación económica de estos dos actores,
desde la óptica de una adecuación o modificación de nuestra legislación
tributaria. Por esta razón, las líneas siguientes expondrán una alternativa que
aborda esta problemática.
2.
En
lo que se refiere a las PYMES
a.
¿Qué
más podemos hacer para ayudar a emprender a las PYMES?
Se proponen las siguientes medidas:
1)
Eliminación
definitiva del Impuesto de Timbres y Estampillas
Sabido es que las medianas y sobre
todo las pequeñas empresas financian sus actividades, dadas sus dificultades
para la obtención de flujos disponibles, se ven forzados a contratar préstamos
para la compra de materias primas o mercaderías, pago de sueldos cuando llegada
la fecha de pago de la remuneración, sus clientes están impagos respecto del
empleador por mediar plazo pendiente o simplemente porque sus clientes no le
pagan. Dichos préstamos conllevan una doble carga financiera, a saber.
a)
El pago de intereses
y comisiones bancarias.
b)
El pago del Impuesto
de Timbres y Estampillas.
Esta situación se ve agravada, pues
muchas PYMES reciben sus pagos por sus servicios o ventas a 30, 60, 90 días e
incluso más, periodo en que igualmente deben financiar los gastos y costos de
la empresa, todo lo cual hace muy difícil la tarea de emprender y generar
nuevos empleos o mejorar las remuneraciones de los empleos existentes.
En este sentido la eliminación de este
impuesto constituye un gran alivio que además, pueda contribuir a la
competitividad y mejora de la calidad de los productos o servicios de la
empresa.
2)
Flexibilización
de los requisitos de acceso a los regímenes del Art. 14 bis y 14 ter.
En este punto se proponen las
siguientes ideas.
a)
Elevar el tope desde
5.000 UTM hasta 6.500 UTM a ambos regímenes, facilitando el acceso al sistema a
un mayor sector de las PYMES.
b)
Ampliar los sujetos
beneficiarios del Art. 14 ter a todos los contribuyentes y no sólo a las
figures individuales, manteniendo el requisito consistente en que el
contribuyente de primera categoría no puede participar en otras empresas o
figuras societarias, evitando la posibilidad del abuso de este beneficio tributario.
3)
Ampliación
de los plazos para los Convenios de Pago celebrados con Tesorería.
Actualmente el artículo 192 del Código Tributario (DL 830) confiere al Servicio de
Tesorerías la facultad de otorgar facilidades hasta de 01 año, para el pago de
los impuestos adeudados, a aquellos contribuyentes que demuestren su
imposibilidad de pagarlos al contado, incluyendo la condonación, total o
parcial, de intereses y sanciones sujetas a cobranza.
A este respecto, se propone modificar
dicho artículo, ampliando en forma definitiva el plazo de los convenios de
pagos hasta en 03 años, de modo tal que las PYMES puedan sanear sus deudas
tributarias de un modo que financieramente no los apremie en forma tan dura,
situación que se viene ya haciendo pero mediante leyes con efecto transitorio.
Esta modificación además de beneficiar
a las Pymes, al mismo tiempo es de gran
ayuda a las clases medias que tengan deudas tributarias.
4)
Mejora
del sistema de crédito por inversión en activos fijos (Art. 33 bis).
La inversión en activos fijos
constituye un aspecto fundamental de las empresas, pues estos bienes de
producción pueden mejorar la eficiencia del proceso de producción y la calidad
de sus productos permitiendo que las empresas sean más competitivas en el
mercado nacional e internacional.
Actualmente la Ley de la Renta (DL 824), en su
artículo 33 bis, contempla un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría
ascendiente al 4% del valor de los bienes físicos del activo fijo, adquiridos
nuevos o terminados de construir durante el ejercicio, con un tope de 500 UTM,
cuyo excedente no da derecho a devolución.
En este orden de ideas, se modificará
dicho artículo, ampliando a un 6% el monto del crédito y aumentando el tope del
crédito a 650 UTM; además, en caso de haber un accedente no da derecho a
devolución, pero se puede arrastrar a los años siguientes hasta agotarse.
3.
En
lo que se refiere a la clase media
Si bien gran parte de las medidas
anteriormente mencionadas contribuyen al desarrollo de la clase media, es
necesario considerar además, las siguientes:
1)
Mejora
del sistema del crédito por educación.
a)
Art. 55 ter del DL 824.
Actualmente esta norma contempla un
crédito de 4,4 UF por cada hijo, por pagos de escolaridad pre escolar, básica y
media, beneficio otorgado para familias con un ingreso que no supere 792 UF
($1.520.000 aprox.).
A este respecto, se incorporará dentro
de los pagos que den derecho al beneficio, los referidos a la enseñanza
superior del grupo familiar (hijos o padres).
b)
Nuevo crédito por educación.
Se propone la creación de un
crédito-gasto imputable al impuesto de primera categoría por pagos de
escolaridad o enseñanza técnico profesional de los trabajadores de la empresa o
sus hijos. Este crédito se establece en beneficio de la empresa, pues descontará
el pago en forma de crédito en términos similares a ley de donaciones para
Universidades e Institutos Profesionales (Art. 69 18.681), vale decir:
- El 50% del desembolso es crédito
contra el impuesto de primera categoría hasta un tope de 14.000 UTM por cada
año, cuyo excedente se puede arrastrar a los años siguientes hasta su total
deducción.
- El 50% restante es gasto del
ejercicio.
Este crédito se acreditará con la
documentación emitida por la institución receptora del pago.
Tal crédito también beneficia a los
trabajadores de la empresa, pues este pago no les constituirá renta, por lo que
no estará afecta al pago de impuesto.
Esta medida está orientada a aumentar
la calidad de nuestro capital humano que contribuirá a mejorar al país.
2)
Rebaja
de las tasas de los tramos progresivos (Arts. 43 Nº 1 y 52 del DL 824).
Implementada del siguiente modo:
a)
Elevando el tramo
exento de 13,5 a
14 (UTM para el impuesto único de segunda categoría y UTA para el impuesto
global complementario).
b)
Rebajando los dos
primeros tramos afectos a tributación de 4% a 3%; y de 8% a 7%.
4.
Regionalización
de los Tributos
A fin de asegurar la independencia
financiera de las regiones se propone regionalizar los impuestos del DL 825, en
alguna de las siguientes opciones:
a.
La totalidad de la
tasa del IVA y los demás tributos adicionales de dicho decreto ley pasarán a
ser de impuestos fiscal interno (ingresa a las arcas generales de la región) a
impuesto de carácter regional, manteniendo al Servicio de Impuestos Internos
como ente fiscalizador (dada presencia a nivel nacional), para lo cual hay que
modificar la competencia del SII (Arts. 1º, 4 y 6 del DL 830 y DFL 7 de 1980).
b.
Distribuir la
recaudación de estos impuestos en un 50% a beneficio fiscal y el otro 50% a
beneficio regional.
CAPÍTULO X:
POLÍTICA AMBIENTAL
Junto a los cambios que requiere a la actual institucionalidad
ambiental, los pasos a seguir deberán orientarse a fortalecer la labor del
Ministerio del Medio Ambiente, para que así la institución tenga facultades
reales de rechazar o bien apoyar proyectos que vayan a ejecutarse, y que tengan
bajo impacto ambiental. Junto a ello, a nivel de ministerio de agricultura,
deberán inyectarse más recursos al área de protección de recursos naturales
renovables del Servicio Agrícola y Ganadero, de manera que se genere un
sinergismo entre ambas instituciones, empoderándolas en la protección de
nuestros recursos.
En lo que se refiere al tratamiento de residuos,
principalmente a nivel doméstico, debe generarse conciencia mediante la
educación ambiental, ya sea reciclaje, o bien poder separar la basura
doméstica. El negocio de la basura o desechos debe potenciarse, subsidiando a
empresas que den otro uso a la basura que genere rentabilidad. Tratar de emular
el caso de Finlandia, donde compran basura a Suecia para generar energía a base
de biodigestores.
Propongo tambißen un desarrollo de ERNC, mediante la creación de créditos a una baja tasa de
interés que permitan la implementación de ERNC en diversos sectores del país,
principalmente en suelos marginales donde la producción es menos competitiva.
De ésta forma, se facilitará que los productores generen electricidad, la
inyecten al SIC, y mediante un precio previamente fijado, paguen con
electricidad (cierta cantidad de KWh) el crédito que otorgó el Estado. Una vez
concluido lo anterior, el productor seguirá vendiendo su electricidad a un
precio real de mercado, lo que le permitirá acceder a nuevos ingresos. Con esta
medida no sólo se combate la problemática eléctrica, sino que también se aborda
el problema social de la baja productividad de ciertos sectores rurales que sí
poseen características climáticas para generación de ERNC.
La utilización de leña como combustible para
calefaccionarse tiene dos caras: por un lado, es un combustible de bajo precio
en provincias, y por otro, muchos pequeños agricultores generan buenos ingresos
en el período invernal por la venta de leña. Lo apropiado sería evaluar a nivel
provincial el impacto de la utilización de leña, junto a la tendencia a ser
contaminada de la ciudad en cuestión. Con la comercialización de los bonos de
carbono, u otro mecanismo similar, puede hacerse algo al respecto.
Evidentemente mi gobierno contempla los pasivos
ambientales. Es la deuda que mantienen las empresas con el medio ambiente.
Deberán reducir sus índices de emisiones de contaminantes, o bien fomentar
mediante el pago de bonos a otras empresas nuevas, que implementen ERNC.
La política energética que Chile aborde debe
centrarse en aprovechar los recursos energéticos que poseemos. Estos recursos
corresponden a energías renovables, convencionales y no convencionales. Es así
como, desde el punto de vista de la generación hidroeléctrica, en la alta
cordillera es factible la construcción de embalses de mediano tamaño destinados
a acumular agua en la forma de nieve, de manera tal que actúen como una red de
capilares que vayan alimentando embalses de gran envergadura aguas abajo, en
dónde se emplazarán las turbinas generadoras de hidroelectricidad. Esto sin
dejar de lado el beneficio adicional que conllevará el incorporar una nueva
superficie bajo riego de la zona central y parte de la norte, en dónde el recurso
hídrico constituye una limitante a la producción agrícola.
Por otro lado, en los cursos de aguas
pertenecientes a organizaciones de regantes, pueden instalarse turbinas de
paso, de manera de generar electricidad e inyectarla al sistema, contribuyendo
a disminuir el problema de abastecimiento y brindando una oportunidad de
aumentar los ingresos de la organización.
De modo similar, en el norte grande y en otros
sectores dónde la radiación media anual lo permita, podrán instalarse paneles
fotovoltaicos que generen y entreguen energía eléctrica al SIC o SING, con un
retorno al productor.
En el sur de Chile, específicamente en el cabo de
Hornos, o bien en el estrecho de Magallanes, dónde las condiciones de corriente
lo permitan, evaluar la posibilidad de instalar generadores mareomotrices
capaces de entregar energía a los sistemas eléctricos de Aysén y Magallanes.
Junto a ello, en ciertos sectores de la pampa austral y en la costa del litoral
central dónde predominana las condiciones de vientos fuertes, instalar campos
eólicos.
CAPÍTULO XI:
POLÍTICA ENERGÉTICA
1.
Introducción
El primer factor a abordar es que
en una sociedad, necesariamente el bien común debe primar por sobre el bien
individual. Sobre este concepto, el país debe definir áreas de desarrollo
industrial. Esta decisión es solo pragmatismo en su expresión más sencilla. No
es posible que un pequeño grupo ponga en jaque el país; el bien común debe
primar en una sociedad y nuestro país requiere de mucha energía para su
desarrollo. Para zanjar económicamente las expectativas muchas veces desmedidas
de las comunidades afectadas por el desarrollo de algún proyecto, se requiere
tribunales y procesos de arbitraje especializados en estas materias.
Por
otra parte, las centrales eléctricas necesitan llevar su energía a los centros
de consumo y para eso requieren conectarse a líneas de transmisión. A este
efecto, es necesario mejorar las actuales leyes y los reglamentos necesarios
para imponer servidumbres de paso y la justa compensación para los propietarios
de terrenos afectados.
Los
dos aspectos anteriores apuntan a restituir la prevalencia del bien común por
sobre el particular y a construir un estado de derecho que ofrezca adecuadas
garantías a la inversión. No obstante, aún está pendiente la definición de qué
tecnologías desarrollar.
Chile
es un país bendecido por la cantidad de fuentes de energía natural, limpia y
renovable. En efecto, las grandes extensiones del desierto del norte tienen una
capacidad de generación eléctrica solar que lo ubica entre los principales del
mundo y que permitirá abastecer nuestra demanda de energía por varias décadas.
Adicionalmente, tenemos gigantescos recursos de viento en la Patagonia, zona que se
ha constituido en bastión de los conservadores de medio ambiente logrando
mantenerse aún prácticamente virgen, pero cuyo potencial es de tal magnitud que
necesariamente deberá ser desarrollado en el futuro.
Las
dos tecnologías anteriores alcanzan para nuestros requerimientos más inmediatos
de energía limpia, pero aún nos queda una fuente tan significativa como las
anteriores, cuáles la energía derivada del mar. Actualmente está energía es
prohibitivamente cara, pero llegará el día en el futuro que será también una
importante fuente de energía.
Aprovechar
el calor del planeta para calentar agua es una proposición que conlleva un
riesgo alto, a través de la energía geotérmica, puesto que las etapas de
exploración y perforación son similares a las de la industria del petróleo, la
diferencia siendo que el resultado es agua caliente y no petróleo. Incluso, aún
teniendo una fuente probada de calor, la maquinaria requerida para producir la
energía eléctrica, es incluso más cara que aquella de otras tecnologías
tradicionales. Por este motivo, esta industria requerirá de una importante
cantidad de impuestos de todos los chilenos para poder ser una realidad; siendo
la propuesta de su desarrollo más bien una idea romántica que debe
necesariamente subyacer a las prioridades sociales de nuestro país.
La
energía solar y el viento (aunque el viento es también una forma de energía
solar, pues es el sol que calienta el aire que al desplazarse crea el viento)
dependen de la naturaleza y, por lo tanto, su disponibilidad es bastante
variable durante las 24 horas de un día. Por lo anterior es de suma importancia
realizar estudios que evalúen dónde emplazar aerogeneradores, o paneles
fotovoltaicos en gran escala, evitando así que se haga la inversión adicional
de almacenar energía, opción que aún es prohibitivamente cara.
Como
se puede apreciar, el sector energético es complejo y la definición de
políticas requiere generar un entendimiento real de las distintas opciones y
estar dispuesto a pagar las consecuencias emanadas de una u otra decisión. No
hay soluciones fáciles.
Viendo
que es infantil pretender tomar una postura blanca o negra, sino que más bien
lo que se requiere consensuar es un matiz de gris, uno podría aventurar los
siguientes lineamientos:
1.
Perfeccionar
permanentemente la legislación para incorporar las nuevas tecnologías.
2.
Apoyar la
introducción de energías hidroeléctrica, eólica y solar, en la medida que no
implique un mayor costo directo para la sociedad.
Con la abundancia de energías naturales, el país no necesita energía
nuclear. No obstante, pudiendo ser un productor de uranio, Chile debe
desarrollar el conocimiento para poder producir este mineralCAPÍTULO XII:
POLÍTICA AGRÍCOLA
Dentro de la demandas que
es menester atender en el marco del sector agrícola se encuentran la
siguientes.
1.
Aplicación urgente de una sobretasa arancelaria anti dumping para el maíz
y mezclas de maíz de origen argentino (transgénico). El ingreso de estos
productos desde el país vecino, muy por debajo del valor internacional, está
matando a los productores nacionales y tienen prácticamente paralizada la
comercialización nacional. Esta situación ya fue abordada con la salvaguardia,
que lamentablemente no se renovó.
2.
Mantener la tasa arancelaria anti dumping para las harina de trigo de
origen argentino, más allá de abril del 2013, ajustándola al valor real del
arancel que estimamos cercano al 20%.
3.
Para llevar un control eficaz, oportuno y expedito, urgente
modernización de aduanas para que actúe en forma real y oportuna, pues a la
fecha esta institución no lo ha cumplido y deja mucho que desear.
4.
Asimismo, se requiere de forma urgente, por medio de una Ley, modernizar
y actualizar, de acuerdo a los reglamentos de la OMC, la Comisión Anti Distorsiones de Precio, para que
ésta sea un instrumento técnico, eficiente y autónomo, evitando su uso
político. Solicitamos que sea Ley para que esta comisión trascienda a los
gobiernos y sea parte de una Política de Estado para la agricultura.
5.
Colocar extrema urgencia a la discusión de este Proyecto de Ley que se
encuentra entrampado en el Senado de la República sobre muestras y contra muestras. Una
vez aprobada la Ley,
dar máxima prioridad a la redacción de los reglamentos para los cultivos de
Trigo, Arroz y Maíz por medio del Ministerio de Agricultura.
6.
Generar líneas de créditos blandos con tasas adecuadas, competitivas y a
mayores plazos. No hay razón alguna para que los créditos con garantías
hipotecarias no sean de 15, 20 o más años ni para cobrar tasas muy por sobre
las capacidades reales de pago de los agricultores.
7.
Otorgar créditos puentes para refinanciar las deudas vencidas, y salir
de los distintos boletines.
8.
Promover un tipo de cambio estable y competitivo.
9.
Fortalecer las políticas de fomento y seguridad de riego y de
fertilización y recuperación de suelos degradados.
CAPÍTULO XIII:
POLÍTICA DE INNOVACIÓN
1.
Introducción
La evidencia muestra que la tendencia en políticas
públicas de los países de la OCDE
en materia de desarrollo regional, ciencia y tecnología, desarrollo empresarial
y educación superior, se ha orientado a contar con una visión regional, con el
fin de alcanzar objetivos nacionales en material de innovación y crecimiento
económico.
2.
Algunas propuestas
a.
Nuestra propuesta es desarrollar estrategias desde
un enfoque ecosistémico e interdisciplinario, de modo que el diseño y
validación de una estrategia integral, sea a través de dos dimensiones: la
incorporación de modelos de innovación regional integrando un soporte de
gestión que permita que el modelo se pueda instalar regionalmente, y la
articulación con otras redes nacionales e internacionales. Incorporando, además,
un plan de mejoramiento continuo del modelo, que permita evaluar procesos y
resultados.
b.
La innovación abierta y las redes (modelo
C+D+i) se han transformado en actores relevantes que incentivan y multiplican a
la innovación y traen nuevas soluciones; tanto en redes locales transversales
como en redes internacionales en formación de modelos de negocios abiertos como
ocurre en la innovación colaborativa (COIN-MIT) por un efecto de polinización
cruzada. Todas estas opciones son más efectivas y más económicas, lo que es muy
importante para regiones de baja competitividad (ICORE) y baja productividad
(PIB-REG).
c.
Otra herramienta poderosa es facilitar el
acceso a los trabajadores para la gestión del conocimiento. Ello crea una
fuente permanente de innovación a través de un ciclo que, transforma el
conocimiento tácito en explícito y adecuado a los requerimientos sectoriales
regionales.
d.
Determinación de las
áreas o temáticas para lograr la Implementación de una efectiva estrategia
regional de innovación.
e.
Crear una oferta
graduada de servicios de capacitación según las necesidades de cada Región, con
programas especiales para los trabajadores más rezagados, incorporando
mecanismos de aseguramiento de la calidad y de pertinencia de las competencias enseñadas.
f.
Evaluar las acciones
específicas que se han desarrollado para detectar ventajas competitivas de las
regiones, actuales y emergentes, en materia de Innovación, con el objetivo de desarrollar
tareas concretas para lograr la superación de brechas para la instalación de
Ecosistemas de Innovación Regionales.
g.
Validar técnica y
políticamente el marco estratégico adecuado para el diseño y establecimiento de
las estrategias de innovación regionales.
h.
Proponemos un gran
acuerdo nacional en torno a la definición de la matriz energética, que se haga
cargo de las propuestas de la sociedad civil, pero que permita, a su vez,
asegurar costos sustancialmente menores que los actuales en la energía, los que
atentan contra la competitividad y viabilidad de los emprendimientos y del
sector productivo en general.
i.
Impulsar la
generación de energías renovables no convencionales (ERNC) mediante
licitaciones de bloques de energía con un seguro de precio.
j.
Compensación
equivalente al 1% de la inversión en beneficio de la comunidad y/o región de
todos los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental.
k.
Seguir facilitando la
creación de empresas: falta avanzar en la simplificación de trámites de
permisos de edificación, sanitarios y otros.
l.
Desarrollar
instrumentos de apoyo en las etapas de crecimiento y maduración.
m.
Promulgar una nueva
ley de quiebras que mejore los procesos de salida y cierre de las empresas.
Todo esto con el objetivo aumentar el emprendimiento y las oportunidades en una
economía global, como también el re-emprendimiento.
n.
CORFO: desarrollar
mecanismos de apoyo regional a emprendimientos innovadores de orientación
global.
o.
Actualizar el
concepto de empresa para evitar la práctica del “multi RUT”.
p.
Sanciones realmente
disuasivas para los atentados a la libre competencia: multas mayores y
sanciones penales.
q.
Comisión Asesora
Especial para la
Descentralización Regional. La eficiencia y eficacia en la
asignación de recursos y la calidad de la gestión, requieren de la
implementación un modelo de elección pública local, basado en el principio de
subsidiaridad vertical, en el cual las decisiones se adoptan y ejecutan a nivel
regional.
r.
Perfeccionamiento de
la institucionalidad de evaluación social de proyectos de inversión: autonomía,
mayor transparencia y rendición de cuentas, y ámbito de acción ampliado a todos
los proyectos de inversión pública.
s.
Aumentar
significativamente la subvención escolar, ajustar el diseño de la subvención
escolar preferencial y crear una nueva subvención especial para educación con
características públicas.
t.
Incorporar la
educación para el ahorro en el currículo escolar.
u.
Elaborar y usar
material pedagógico que fomente las iniciativas relativas al entorno sustentable
y limpio en la enseñanza básica y media.
v.
Implementar un
conjunto coherente de desincentivos a la contaminación y de incentivos a la
promoción de limpieza del entorno físico.
w.
Fortalecer el pilar
pro-empleo del sistema de transferencias con un rediseño de los subsidios al
ingreso laboral, lo que incluye una expansión del actual bono al trabajo de la
mujer, aumentando su cobertura y sin límite de permanencia.
x.
Mejorar la gestión
del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, fomentando la participación de las
familias y facilitando la postulación y la evaluación de los proyectos técnicos
y.
Colaboración entre el
Estado y la comunidad para el cuidado de los adultos mayores, privilegiando la
participación activa y entrenada de voluntarios y familiares.
CAPÍTULO XIV:
POLÍTICA DE COMUNICACIONES
Establecer
como principio básico del Ministerio Secretaría General de Gobierno, una
política de comunicación permanente y fluida entre el Palacio de La Moneda y la Prensa, y entre el
Presidente y la ciudadanía.
El
Presidente de la República
hará una Rueda de Prensa cada dos meses con representantes de la prensa
nacional e internacional.
El
Primer Mandatario enviará un mensaje radial a la Nación cada sábado al
mediodía –sobre los temas políticos y económicos más importantes del momento—a
través de una cadena voluntaria de radioemisoras.
La
Moneda creará una dirección
electrónica a través de la cual los ciudadanos podrán escribirle directamente
al Presidente, para manifestarle sus inquietudes y necesidades.
La
Presidencia de la República –a través del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia– llevará adelante una política para
“abrir las puertas” de La
Moneda a las organizaciones sociales, federaciones de
trabajadores y agrupaciones de derechos humanos que requieran de una audiencia
con el Jefe de Estado, poniendo fin así a la política de exclusión que ha
tenido el Gobierno con ciertos sectores de la ciudadanía, en años recientes.
Trasladar
La Moneda a
las oficinas de la
Intendencia Regional en Antofagasta, Valparaíso, Concepción y
Puerto Montt, por dos semanas, como una señal de descentralización.
Invitar
a algunos periodistas de medios de comunicación de regiones a integrar también la comitiva presidencial en giras
internacionales, ya que sólo se invita a medios capitalinos.
Restablecer
el Diario “La Nación”
como un órgano de comunicación cultural y de diálogo ciudadano.
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